Destituyen a 5 jueces de paz de la Corte Superior de San Martín por tramitar oficios y resoluciones a cambio de coimas

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) destituyó a 18 jueces de paz y a cinco servidores judiciales de distintas cortes del país, por incurrir en conductas irregulares en el ejercicio del cargo que menoscaban la dignidad de la función. Estas sanciones se dieron en el lapso de estos cuatro primeros meses del año 2016, según se informó.

El mayor número de sancionados corresponde al ámbito de la Corte Superior de San Martín, donde cinco jueces de paz de diversas localidades fueron separados definitivamente de la institución por tramitar oficios y resoluciones a cambio de recibir coimas.

En Lima Norte, en tanto, fueron destituidos tres jueces de paz, luego de comprobarse que incurrieron en avocamiento indebido y relaciones extraprocesales con una de las partes.

Los demás jueces de paz sancionados corresponden a las Cortes de Huánuco, Lambayeque, Cajamarca, Ica, Apurímac, Puno, Arequipa, Ucayali, Tacna y Ayacucho.

La medida contra dichos funcionarios fue tomada en los primeros cuatro meses del año a propuesta de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), y forma parte de la política de lucha frontal contra la corrupción emprendida por el doctor Víctor Ticona Postigo, titular del Poder Judicial.

Entre los motivos de destitución figuran solicitar o recibir dinero de litigantes, emitir o consignar constancias falsas, procesar o resolver casos sin tener competencias para ello, quedarse con expedientes judiciales e interferir con la función policial.

A diferencia de los magistrados ordinarios, el juez de paz es elegido por los ciudadanos en votación popular. Administra justicia en una comunidad al intervenir como conciliador y contribuye a que las personas resuelvan sus conflictos de modo directo.

Asimismo, el CEPJ destituyó a cinco auxiliares, dos de la Corte de Lima y uno de las Cortes de Ayacucho, Cajamarca y Sullana, por usar bienes del Poder Judicial para fines ajenos a la función, solicitar dinero a litigantes e, incluso uno de ellos, por recibir sentencia condenatoria por comisión de delito.