Países de América Latina necesitan unir esfuerzos en la lucha contra el crimen trasnacional, a nivel regional

Al inaugurar la Cumbre de Fiscales Generales de América Latina "Estrategias en la lucha contra el crimen organizado, corrupción y lavado de activos", con la participación de fiscales y procuradores generales de la región, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde aseveró que los países latinoamericanos necesitan establecer comunicación directa para el traslado de pruebas entre sus autoridades, en los casos de investigaciones por delitos que traspasan las fronteras.

Al respecto, el titular del Ministerio Público expresó que el objetivo de la cita es crear espacios de análisis e intercambio de experiencias entre fiscales peruanos y sus pares de la región, que permitan fomentar un compromiso común en la lucha contra las diversas formas de crimen que afectan a las naciones de esta parte del mundo, como son el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de activos, corrupción y trata de personas, entre otras.

En ese sentido, sostuvo que la reunión de las máximas autoridades de las instituciones encargadas de investigar y perseguir el delito de la región, permitirá fortalecer la comunicación directa entre las fiscalías de los países y afinar los lazos de cooperación en materia de cooperación judicial existentes.

"El Ministerio Público asume la lucha contra los delitos de orden transnacional bajo el rol que nos corresponde a los fiscales de mantener el Estado de Derecho en nuestro país", sostuvo.

Precedieron en el uso de la palabra al fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde en este ceremonia internacional, el Jefe de Misión Adjunto de la Embajada Británica, Dominic Williams; el embajador de Estados Unidos, Brian Nichols; el jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones, José Iván Dávalos, entre otros destacados expertos, quienes destacaron los esfuerzos desplegados en los últimos años por nuestro país por hacer frente a diversas formas de crimen.

Este importante evento reúne a los fiscales generales y máximas autoridades de las fiscalías u organismos pares de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay.