Pleno del Congreso advierte alarmante aumento de la presencia del narcotráfico en la política peruana

Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó, anoche, el informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria y advirtió sobre una alarmante y creciente presencia del narcotráfico en la política peruana. Dicho informe, respaldado por 63 congresistas, concluye que la presencia del narcotráfico se acrecienta en el país por la falta de control de los organismos del Estado para enfrentar esta lacra social que tanto daño hace a la sociedad peruana.

Asimismo, sostiene que está demostrado el interés de las organizaciones del narcotráfico por influir en la política peruana a través de la formación de organizaciones políticas, el financiamiento de campañas electorales, el lavado de dinero y para asegurar la protección policial, fiscal, judicial y política.

En este contexto, se analizó los casos de los militantes apristas Miguel Facundo Chinguel, exjefe de Serpost y de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciables, durante el segundo gobierno de Alan García, y el de Gerald Oropeza, acusado por delito de narcotráfico, ambos, actualmente, en prisión, así como también del gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna y el de los hermanos Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, el primero de los cuales ocupó la alcaldía de Moyobamba.

Según se sabe, el informe indica que se ha podido advertir que las autoridades investigadas han ingresado a la política luego de acumular fortunas considerables que hacen presumir la existencia de desbalance patrimonial. Y que se ha comprobado la existencia de gastos excesivos en las campañas electorales que buscan la compra de votos de los electores.

Igualmente se informó que la Comisión investigadora, que preside la legisladora Rosa Mavila, incluye en el informe tres recomendaciones que fueron votados por separado. Se refieren al de la ‘silla vacía', la separación automática de los candidatos implicados en delitos de narcotráfico y el que le otorga poderes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para levantar el secreto bancario de los investigados.

En los tres casos, las recomendaciones fueron aprobadas por mayoría, pese a las objeciones de la bancada fujimorista. En el caso de la ‘silla vacía' se propone que sea aplicada al parlamentario sentenciado por narcotráfico en primera instancia.

El informe concluye que dada la vulnerabilidad de los gobiernos regionales y locales es necesario adoptar medidas para impedir la infiltración del narcotráfico en esos organismos. Todo ello en el marco de la debilidad de los organismos de control o su penetración por la corrupción.

También concluye que el interés del narcotráfico por penetrar en la política busca garantizar el libre tránsito de la droga, facilitar el lavado de dinero y la obtención de poder político para garantizar la impunidad.

Por otro lado, la congrtesista Rosa Mavila propuso la formación de una comisión investigadora de la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y Policiales; que exista una política nacional de lucha antidrogas y que los archivamientos de casos sean vistos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

En tanto, la legisladora Karina Beteta (FP) rechazó la parte del informe que le vincula con actividades del narcotráfico, en tanto que su colega María López Córdova también solicitó que se retire del informe la parte que la involucra en las investigaciones por lavado de activos.

A su turno, Luz Salgado (FP) cuestionó la propuesta para el seguimiento patrimonial de los candidatos a cargo de la Contraloría, porque ese organismo controla los gastos del Estado pero no los ingresos de los privados, y su colega fujimorista Martha Chávez planteó observaciones a las conclusiones. Por su parte, el parlamentario Juan Pari (DyD) cuestionó la debilidad del Estado y pidió una reforma institucional para enfrentar la lacra social.