Poder Judicial abrió proceso investigatorio a miembros de la Sala Penal que ordenó el traslado de cabecillas terroristas

El presidente del Poder Judicial-PJ, Enrique Mendoza Ramírez confirmó que ese organismo abrió un proceso investigatorio a los miembros de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres, con la finalidad de evaluar sus argumentos para tomar dicha decisión y si estos no son valederos "serán sancionados", según remarcó.

Como se recuerda, esta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, acogió un habeas corpus presentado por los cabecillas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón y Peter Cárdenas Schulte, así como del senderista Óscar Ramírez Durand ordenando que sean trasladados desde la Base Naval del Callao donde purgan condena, a un centro penitenciario para presos comunes.

Tal como lo revelara la revista Caretas, la decisión había sido tomada el pasado 17 de enero, donde dicho Tribunal, que preside el juez Julio Biaggi, ordenó el traslado "en un plazo no mayor a treinta días calendario" de los cabecillas emerretistas Víctor Polay Campos, Miguel Rincón y Peter Cárdenas, así como del cabecilla de Sendero Luminoso, Óscar Ramírez Durand, alias ‘Feliciano'.

Tras remarcar que la cuestionada resolución, dictada por la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres, en torno a este lamentable caso le había causado molestia y consternación, a pesar de ser un defensor de la autonomía de los magistrados, el presidente del Poder Judicial- PJ, Enrique Mendoza expresó su deseo de que esta sala penal de la Corte de Lima, se rectifique en dicha decisión.

En tal sentido Mendoza Ramírez tras inaugurar los Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, explicó que la decisión de esta sala penal desborda la realidad, porque no se trata de un delito cualquiera u ordinario, sino que se tratan de crímenes de alta intensidad que han asolado nuestro país y que requieren las mayores exigencias en cuanto al cumplimiento de penas, según dijo.

Por otro lado, Enrique Mendoza Ramírez, anunció que el recurso de revisión presentado por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario-INPE había sido admitido por el Poder Judicial, señalando, además que este será revisado por el Tribunal Constitucional, en un plazo rápido dada la premura del tiempo, según indicó.

"Felizmente hay instrumentos para controvertir esa decisión que me parece muy mal tomada, pues se puede trasladar a un recinto de seguridad con las medidas necesarias para estos casos, pero no a otro penal porque no es razonable de ninguna manera. Como presidente no me parece y espero que se rectifique esta medida", aseveró.

De otro lado, remarcó que es la Oficina de Control de la Magistratura-OCMA la que evalúa qué corresponde, primero si es necesaria o no una sanción porque probablemente ellos hayan expuesto una serie de argumentos que es lo más probable y luego ver si estos son aparentes o fundamentados en nuestra legislación, aseguró.

Asimismo, precisó que en la Base Naval se cumplen con las condiciones establecidas para cualquier recinto penitenciario, tal como la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional han atestiguado. "Ese centro de reclusión no es un centro de reclusión militar, que este en una entidad militar es verdad, pero es el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) el que monitoreaba y supervisaba ese centro de detención", comentó.