Registro de esterilizaciones forzadas debe estar diseñado con la participación de las víctimas y de la sociedad civil

Tras remarcar que es una responsabilidad de Estado y que como tal tiene que asumirse, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Marina Navarro, consideró que el Registro de víctimas de esterilizaciones forzadas debe estar diseñado con la participación de las propias víctimas y de la sociedad civil, a fin de poder recoger adecuadamente las demandas, según dijo.

Asimismo, destacó que el Gobierno haya decidido crear este registro. En ese sentido, ratificó que este registro era necesario, al ser el primer paso en un largo camino para lograr una política integral de reparaciones a las víctimas. "Tiene que haber un reconocimiento por parte del Estado, unas declaraciones públicas donde se haga el primer paso de reconocimiento, y esperamos que se haga a la mayor brevedad posible", acotó.

La representante de Amnistía Internacional también señaló que no solamente basta con la atención en materia de justicia y salud, sino que también debe otorgarse una compensación económica a las afectadas por estas prácticas quirúrgicas que afectaron sus derechos. "Esperamos que tenga todas las características, que sea inclusivo y el primer paso para la reparación integral de las víctimas, eso es lo que realmente nos interesa", remarcó.

También indicó que considera que no solo tiene que ser un acceso a la justicia y a la salud, sino que también tiene que haber una reparación económica, tras expresar su deseo para que el registro pueda dar luces sobre la magnitud de las víctimas que fueron afectadas por las esterilizaciones forzadas, dado que se manejan algunos estimados, como el de la Defensoría del Pueblo que refiere que son más de 270,000 los casos.

"Sabemos que hubo más de 2,000 demandas incluidas en una investigación preliminar y que ha habido otras no incluidas, estamos hablando de miles de víctimas", subrayó Navarro.

En otro momento, descartó que exista un fin político o electoral en el apoyo que AI dio a la creación de este registro. Sostuvo que la atención a las graves violaciones de derechos humanos constituye una responsabilidad del Estado y, por tanto, está por encima de cualquier "campaña, partido o candidatura".

"Es una responsabilidad del Estado. No estamos hablando ni de partidos, ni siquiera propiamente de un gobierno u otro. Esta es una responsabilidad de Estado y como tal tiene que asumirse", enfatizó.

Por otro lado, destacó que con el registro se conocerá el universo real de víctimas del entonces programa de anticoncepción voluntaria quirúrgica, que según cifras del Ministerio Público dejó más de 2,000 víctimas entre los años 1995 y 2001.

En la víspera, el congresista Alejandro Aguinaga, quien fue ministro de Salud en el gobierno de Alberto Fujimori; y la legisladora Martha Chávez, cuestionaron la creación de este registro y que, además, dicho propósito se declarara de interés nacional.

A su turno, el parlamentario Héctor Becerril, vocero de la bancada Fuerza Popular, dijo que las esterilizaciones forzadas practicadas durante el régimen fujimorista fueron "excesos de algunos médicos realizados en forma privada", y no una política de Estado. Este caso, anotó, ha sido investigado hasta cinco veces en el Ministerio Público, que tiene pendiente un pronunciamiento definitivo.