Declaran de interés nacional atención a víctimas de esterilizaciones forzadas y disponen la creación de un registro de las mismas

A través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Gobierno declaró de interés nacional la atención a las víctimas de esterilizaciones forzadas entre 1995-2001, así como también dispuso la creación del registro de víctimas, en el marco de la competencia de los servicios de Defensa Pública de las Víctimas.

En tal sentido, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS, se establece un marco jurídico para implementar la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas, realizadas como parte del entonces denominado programa anticoncepción voluntaria quirúrgica (AVQ).

A fin de garantizar su cumplimiento, el sector Justicia brindará asistencia legal gratuita a todas las personas que se consideren víctimas de esterilizaciones forzadas a nivel nacional, a fin de que puedan formular denuncias y, de ser el caso, efectuar el seguimiento y patrocinio jurídico pertinente. Con ello, se pretende identificar el universo de los afectados por este tipo de prácticas, y garantizar que accedan a los mecanismos de justicia para sus respectivos casos, se informó.

Respecto a la atención integral de salud, la norma precisa que será en el marco de las disposiciones que regulan el Seguro Integral de Salud (SIS). Asimismo, la norma establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sea el ente encargado de la atención psicológica y el acompañamiento social correspondiente de quienes integren el registro de víctimas.

En este contexto y con el objetivo de implementar acciones y optimizar los recursos para una mejor atención a las víctimas, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) efectuarán coordinaciones a nivel nacional con las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de las localidades.

Conforme al decreto supremo, además, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, y Mujer y Poblaciones Vulnerables tienen como plazo 30 días, desde la entrada en vigencia de la ley, para emitir las normas complementarias que sean necesarias para una implementación.
La ley tiene la rúbrica del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso; el ministro de Justicia, Aldo Vásquez; la ministra de la Mujer, Marcela Huaita, y el titular de Salud, Aníbal Velásquez.

Las esterilizaciones forzadas prácticas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, son materia de investigación en el Ministerio Público, que recogió el testimonio de cerca de dos mil personas identificadas, sin embargo no se conoce con exactitud el número de víctimas que habría sido sometidas a este tipo de intervenciones médicas inconsultas.