Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) impedirá que sentenciados por terrorismo y corrupción postulen a cargos de elección popular

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, Juan Carlos Eguren, destacó que el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) impedirá que los sentenciados por terrorismo y corrupción, así como los deudores de pensión alimenticia, postulen a cargos de elección popular hasta que cumplan sus obligaciones, según dijo.

Fue al referirse a la Ley Nº 3035, publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que señala que en este registro serán inscritos los deudores de reparaciones civiles por delitos dolosos y estará a cargo del Poder Judicial. Esta norma precisa que en este registro se inscribirá la información actualizada de quienes incumplan con cancelar el íntegro de las reparaciones civiles a favor de individuos y el Estado, dictadas en sentencias con calidad de cosa juzgada.

En tal sentido, el congresista Juan Carlos Eguren señaló que todos ellos estarán prohibidos de ejercer función, cargo, empleo, contrato o comisión de cargo público, así como postular y acceder a cargos de elección popular, en función de la norma. "Creemos que se trata de una ley fundamental para mejorar la calidad de los representantes en el Congreso. Es muy severa, pero necesaria porque la política se ha deteriorado muchísimo en los últimos años", remarcó el parlamentario pepecista.

Por otro lado, el legislador Eguren manifestó que la Ley que crea el Redereci, incluso prevé como sanción la destitución de todo funcionario público que contrate a un deudor de reparación civil en las empresas públicas y en sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado. "Los deudores de reparación civil y alimentarios tampoco podrán trabajar ni contratar con el sector público, como personas naturales ni jurídicas", acotó.

Asimismo, indicó que se reportará su situación a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para que las centrales de riesgos tengan acceso a esa información y vean la calidad de pagador que tienen estas personas. "En el caso de los deudores alimentarios no podemos pretender que aquellos que ni siquiera pueden cumplir con sus hijos puedan asumir una alta responsabilidad con el Estado", subrayó el parlamentario.

Los deudores que laboran o tengan contrato con el Estado, una vez que entre en vigencia de Ley, tendrán 15 días hábiles de plazo para concurrir a los órganos competentes y suscribir un convenio de pago que autorice el descuento de sus remuneraciones.

De no hacerlo, la entidad pública para la cual labora deberá informar al procurador público para que solicite al juez el requerimiento de pago correspondiente, a fin de que la empresa descuente del sueldo del empleado el pago de la reparación civil. Lo mismo sucederá en las empresas que contratan para el Estado, en las cuales se retendrá un monto de la contraprestación a cuenta del pago de la reparación civil.

En el caso de los deudores beneficiados de pensiones, las Administradoras del Sistema Nacional de Pensiones y del Sistema Privado de Pensiones, que incluye la Caja de Pensiones de Militar Policial, deberán efectuar la retención de hasta la tercera parte del exceso embargable de las pensiones.