Más de 83 millones habría perdido el Gobierno Regional de Loreto por irregularidades en obras de alcantarillado para Iquitos

Un nuevo caso de corrupción sacude la amazonia peruana, luego de conocerse que algunos funcionarios, exfuncionarios y extrabajadores del Gobierno Regional de Loreto (GRL) habrían incurrido en presuntas irregularidades en la ejecución del megaproyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado en la ciudad de Iquitos, generando un perjuicio económico al Estado hasta por 83 millones 873 mil nuevos soles, se reveló, recientemente.

La propia Contraloría General de la República precisó que desde el Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP) del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) se hicieron pagos provisionales hasta por 93 millones 834 mil, 303 nuevos soles y pagos que no corresponden, según se indicó.

Cabe señalar que, como órgano ejecutor del Gobierno Regional de Loreto, el Organismo Público Infraestructura para la Producción (OPIPP), es un ente público especializado en proyectos de impacto regional, con suficiencia financiera, administración transparente, recurso humano experimentado, con plena garantía de obtener proyectos de calidad, tanto en el marco de la administración pública como en el sector privado.

Sus funciones tienen relación con viabilizar proyectos de impacto regional, de tal forma de disminuir el déficit de atención en los servicios básicos, especialmente en lo relacionado al agua potable, desagüe, tratamiento de aguas residuales, abastecimiento de energía eléctrica, etc. que traten de mejorar los Índices de Desarrollo Humano, de esta parte del país.

Lo cierto es que una comisión auditora identificó que en la obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos", iniciada en el 2010 y cuya ejecución aún continua, se pagó a la empresa contratista valorizaciones por concepto de adicionales provisionales por obras ejecutadas, sin haber realizado la debida evaluación técnica presupuestal, aplicando un procedimiento no contemplado en el contrato y sin lugar a rectificación en la liquidación del contrato.

Por otro lado, con relación al presunto perjuicio económico, se evidenció que el Organismo Público Infraestructura para la Productividad regularizó el atraso de ejecución de la obra aprobando ampliaciones de plazo que no correspondían, generando el pago de mayores gastos generales e inaplicación de penalidades por 40 millones 594 mil, 140 nuevos soles.

Asimismo, aprobó un adicional de obra y un deductivo vinculante por el cambio de material de fabricación de pilotes, generando pagos improcedentes al contratista por un millón, 944 mil, 905 nuevos soles. También se aprobó un adicional por el cambio de material de las barandas de acero galvanizado y canaletas de acero inoxidable por otras de plástico reforzado con fibra de vidrio, modificación que no era indispensable ni económicamente conveniente, causando un perjuicio por 4 millones, 639 mil, 426 nuevos soles.

Además, el mencionado organismo aprobó un adicional de obra para la protección perimetral de la planta de tratamiento de aguas residuales con material impermeable a fin de evitar las filtraciones de agua. Sin embargo, dicha protección no soportó las nuevas filtraciones en marzo de 2012, generando un egreso innecesario de 6 millones 250 mil, 103 nuevos soles

Así también, el Gobierno Regional de Loreto generó la aprobación del expediente técnico pese a que éste no contaba con el diseño del emisor subfluvial y el estudio de impacto ambiental. Además, las coordenadas de la planta de tratamiento de aguas residuales difieren de las establecidas en el estudio de suelos y en el plano del expediente técnico, los cuales tampoco concuerdan con lo establecido en el plano del estudio de factibilidad, generando un pago que no correspondía de 905 mil, 334 nuevos soles.

El Organismo Público Infraestructura para la Productividad aprobó también un adicional para subsanar un tramo de tubería que colapsó por deficiencias atribuibles al contratista en el almacenamiento y proceso constructivo, ocasionando un perjuicio por 19 millones, 869 mil, 157 nuevos soles. Además generó riesgos en la calidad de los trabajos y en el servicio a prestar, según se indicó.

Igualmente, aprobó una ampliación de plazo por 121 días calendario, pese a que los trabajos para los cuales se requería dicha ampliación ya estaban ejecutados. Ello generó el pago de mayores gastos a favor del contratista por otros 8 millones, 434 mil, 709 nuevos soles y el pago por el presupuesto adicional de servicios de supervisión por un millón, 235 mil, 357 nuevos soles.

Por otra parte, cabe precisar que el Organismo Público Infraestructura para la Productividad no atendió las observaciones presentadas por los servidores de Sedaloreto, por lo que no se garantizó la calidad de los trabajos ejecutados.

Entre las principales observaciones figuraron deficiencias en la planta de tratamiento de aguas residuales, carencia de un caudalímetro a la salida de las aguas tratadas, necesidad de cambio de la totalidad de los tableros eléctricos, necesidad de cambio del grupo electrógeno instalado en la referida planta, entre otros, elementos de la planta de tratamiento afectados por inundaciones.

Tras la auditoría, la Contraloría emitió una carpeta de control en la que identifica la participación en los hechos de 16 funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores del Organismo Público Infraestructura para la Productividad, la misma que ha sido remitida el 22 de octubre del 2014, a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Loreto.

Finalmente, cabe señalar que el caso del alcantarillado es quizás el más cuestionado durante los dos polémicos períodos de Yván Vásquez Valera como presidente regional de Loreto. En ese entonces, ya se sabía que la obra casi había duplicado su presupuesto inicial sin que los objetivos estén claros y que el informe en el que supuestamente se explicaba el sustento técnico desapareció. Lo que no se sabía hasta hoy es que para concretar esta obra todas las municipalidades de Loreto tuvieron que dar parte de su presupuesto y endeudarse hasta el 2025.