Amplían plazo para que Comisión de Salud del Congreso investigue irregularidades en construcción de hospitales

Por 65 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Congreso de la República aprobó ampliar por 120 días más las facultades investigadoras concedidas a la Comisión de Salud del Parlamento Nacional a fin de que continúe sus investigaciones en torno a presuntas irregularidades que se habrían detectado en la construcción e implementación de hospitales y establecimientos de salud a nivel nacional, con la finalidad de establecer las responsabilidades del caso y se sancione a los responsables.

Previamente, fue el propio presidente de la Comisión de Salud y Población, congresista Aldo Bardález Cochagne, (FP) quien sustentó este pedido, tras señalar que el informe preliminar había encontrado serias irregularidades, situación que, según dijo, amerita profundizar las investigaciones en torno a contrataciones hechas por EsSalud con organismos internacionales, como UNOPS y OIM, por un monto superior a los 163 millones de dólares.

Asimismo, señaló que se habrían efectuado contrataciones en dos proyectos por más de 56 millones de dólares y que los montos destinados a dos de esos proyectos habrían aumentado, sin el debido sustento, en más de 10 millones de dólares. En ese sentido reiteró que se debe profundizar la investigación de los montos de las obras y equipos en los convenios entre el Ministerio de Salud y EsSalud con UNOPS y OIM.

En ese sentido, el congresista Aldo Bardález reiteró, en tono enfático, que es necesario continuar con la investigación de las irregularidades detectadas, a fin de que, en su momento, las conclusiones y recomendaciones sean remitidas al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Finalmente, el congresista fujimorista manifestó que, de acuerdo al análisis de esa gestión, se hace imperiosa la necesidad de proponer reformas legislativas que establezcan lineamientos adecuados para la correcta utilización de los recursos sin salir del ámbito de los mecanismos de control y fiscalización del Estado y sin interferir ni colisionar con la normatividad a la que están sujetos los organismos internacionales.