En Puerto Maldonado instalarán un repotenciado radar antidroga que monitoreará un tercio del territorio nacional

Gracias a un radar de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que fue repotenciado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), tras permanecer por años inoperativo, una tercera parte del territorio peruano, incluyendo las zonas cocaleras del sur y oriente del país, será sometida a un permanente monitoreo aéreo antidrogas, informó el presidente ejecutivo de esta institución, Alberto Otárola Peñaranda.

Al respecto, indicó que este aparato, a ser instalado en Puerto Maldonado (Madre de Dios), estaba fuera de servicio en la FAP, pero Devida –apuntó- logró destinar recursos adicionales para volver a ponerlo en operación.

"Es uno de los radares más grandes del Perú. Es de propiedad de la FAP y va a permitir detectar hasta el vuelo de una mosca. Una tercera parte del territorio será cubierto por el radar, todo el sur del país", indicó Otárola Peñaranda.

Asimismo señaló que este radar de vigilancia aérea cumplirá un rol muy importante en el conjunto de acciones que realiza el Gobierno en materia de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sobre todo en áreas de cultivo de hoja de coca y en zonas de frontera.

El aparato de rastreo aéreo se sumará al uso de los nuevos aviones KT-1P, que se fabrican en el Perú en convenio con Corea del Sur, y que tendrán un impacto directo en la lucha contra el narcotráfico en el país, comentó el titular de Devida.

Otárola peñaranda recordó que estas aeronaves de entrenamiento e instrucción básica, también pueden ser equipadas y artilladas para las tareas de interdicción del tráfico ilícito de drogas en zonas como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Devida diseña y conduce la política oficial contra las drogas en el país, en forma eficiente y concertada, coordinando, promoviendo y orientando programas y proyectos dirigidos con este fin, con la provisión oportuna de recursos del Estado y con el apoyo de la comunidad internacional. Ello busca lograr que la población peruana excluya acciones vinculadas a la producción, el consumo de drogas y privilegie estilos de vida saludables.

Además, entre otras cosas, diseña la política nacional de carácter multisectorial de lucha contra el tráfico ilícito y el consumo de drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en coordinación con los sectores competentes.