Policía Nacional y Fiscalía deben unificar criterios sobre detenciones en flagrancia, para evitar que responsables salgan libres

Tras remarcar que la Policía Nacional y la Fiscalía deben unificar criterios respecto a la forma de actuar cuando se hace una detención en delito flagrante, para evitar que se libere a los responsables del hecho, el ministro del interior, José Luis Pérez Guadalupe comentó que cada una de esas instituciones ve el tema desde dos perspectivas distintas que deben unificarse y conjugarse en un solo propósito que es la lucha contra la delincuencia.

"Entiendo la racionalidad jurídica según la cual la actuación en una detención debe ser de acuerdo a la ley, pero creo que la ley debe adaptarse a la realidad, porque una cosa es el escenario de una detención ideal, en el que se cumplen estrictamente los requisitos exigidos y otra la realidad en la que los policías arriesgan sus vidas para atrapar a los delincuentes", acotó.

En este contexto, el ministro Pérez Guadalupe recordó que se han dado 992 casos "groseros" en los que se tuvo que pedir mandatos de detención para los intervenidos y no se hizo. Cabe recordar que hace poco había revelado que el 91% de los detenidos, mayormente en delito flagrante por delitos contra el patrimonio, entre enero y febrero de este año por la Dirincri, habían sido liberados.

"Que el 91% de los intervenidos no haya sido enviado a prisión pese a que en casi todos los casos fueron delitos en flagrancia, manifiesta que existen dos maneras de ver las cosas, dos racionalidades que no conversan. Tenemos que hacer el esfuerzo de conjugar racionalidades y funciones", señaló.

Dijo que decidió cruzar información de la Dirincri sobre los intervenidos y del Instituto Nacional Penitenciario sobre los ingresos a penales, escuchando el clamor de los policías que afirmaban que todo su trabajo contra el crimen se perdía porque no tenía continuidad en las instancias judiciales.

Esto origina que una banda capturada en una fecha sea recapturada poco tiempo después o como ha sucedido en Chiclayo, donde una organización de narcotraficantes ha sido detenida hasta en tres oportunidades en poco tiempo.

Por esas razones convocó a una reunión al presidente del Poder Judicial, Víctor Tinoco, y al titular de la Fiscalía de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para analizar esa situación.

En ese encuentro, según señaló, hubo un reconocimiento de que existe un problema y que hay que buscar soluciones, una de las cuales es el diseño de un protocolo de actuación en caso de detenciones en flagrancia, así como la capacitación conjunta de fiscales y policías para afinar y ajustar procedimientos.

Para el ministro José Luis Pérez Guadalupe, este tema no es estrictamente legal ni implica la necesidad de modificar las leyes sino que haya un cambio de actitud y un claro ejemplo de ello, dijo, es el caso en el que está involucrado el ex presidente regional de Áncash, César Álvarez.

"En un primer momento la Fiscalía no hizo ninguna denuncia en ese caso pero luego, tras la presión mediática que se dio, se concretó la denuncia y ahora hay varias personas tras las rejas. Pero en todo ese periodo no hubo un cambio en la ley; lo que cambió fue la actitud", aseveró.

Agregó que un siguiente paso en su gestión será cotejar la información sobre lavado de activos, corrupción y agresiones a policías para conocer cómo van esos procesos, que son otra parte del problema, porque no hay un sistema que permita un seguimiento.
En la cita de las tres instituciones se acordó también una próxima reunión con los jefes de las direcciones y las regiones policiales, a fin de dialogar con el Ministerio Público y que se escuche la realidad de los efectivos que viven día a día arriesgando sus vidas en su afán por combatir el crimen.