¤ 23/3/2015 ¤ sanmartinenred.com ¤ 0 comentarios
Ejecutivo presentó proyecto de ley que busca regular los servicios de las empresas de seguridad privada del país
No podrán utilizar equipos que afectan la seguridad pública y la defensa nacional, como detección, interferencia o escucha de las comunicaciones
Ejecutivo presentó proyecto de ley que busca regular los servicios de las empresas de seguridad privada del país
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Con el propósito de regular los servicios de las empresas de seguridad privada, el Poder Ejecutivo presentó, el pasado 17 de marzo, al Congreso de la República un proyecto de ley a través del cual define sus actividades, los servicios que pueden prestar y los requisitos que deben cumplir para el desarrollo de sus operaciones, según se informó.
La propuesta legislativa señala que los servicios que puedan prestar estas empresas son de vigilancia privada, resguardo, transporte y custodia de bienes, seguridad en eventos, protección por cuenta propia.
También están habilitados para brindar servicio individual de seguridad patrimonial y seguridad personal, de tecnología de seguridad, y de asesoría y consultoría en temas de seguridad.
Entre sus prohibiciones, indica que no podrán realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad ciudadana o el orden interno; ni desempeñar funciones que competen a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional.
Del mismo modo, plantea que no podrán utilizar equipos y elementos que afectan la seguridad pública y la defensa nacional, tales como los de detección, interferencia o escucha de las comunicaciones; así como establecer redes de información de vulneren el derecho de la intimidad personal.
Las empresas dedicadas a esta actividad tampoco podrán usar información privilegiada de los clientes con fines distintos a los establecidos en el contrato de servicios respectivos y, además, contratar, capacitar, entrenar o adiestrar mercenarios o personal de similar naturaleza, contraviniendo tratados y acuerdos internacionales vigentes.
Por otro lado, según la iniciativa, el personal de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas en actividad o disponibilidad están prohibidos de desarrollar servicios de seguridad privada en cualquier de sus modalidades.
Esta prohibición incluye la condición de accionista, socio, miembro del directorio, administrador gerente o representante legal de las personas jurídicas que desarrollan esta actividad.
Los socios o accionistas de estas empresas no podrán tener antecedentes penales por comisión de delitos dolosos, ni haber trabajado en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en el control de empresas privadas de seguridad.
El proyecto de ley fue presentado al Parlamento el último 17 de marzo y lleva las firmas del presidente Ollanta Humala y de la jefa del Gabinete de Ministros, Ana Jara Velásquez.
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