Ejecutivo declara en reorganización la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) por un plazo de 180 días

A fin de fortalecer la rectoría de ese sistema, así como para lograr mayores niveles de confianza en la ciudadanía y la eficiencia en la producción de información en materia de seguridad nacional, el Poder Ejecutivo declaró la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), por el plazo de 180 días.

Asimismo, dispuso la creación de la Comisión Reorganizadora de Alto Nivel de la DINI, según un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), publicado este domingo en el Diario Oficial El Peruano.

Dicho grupo de trabajo tendrá como objetivos evaluar y proponer las normas que resulten necesarias para la reorganización de la DINI en los aspectos de profesionalización, racionalización; y de modificación de los asuntos operativos, administrativos, técnicos normativos, y de procedimientos.

Estará integrado por tres personalidades de distinguida e intachable trayectoria, que serán designados por resolución suprema refrendada por la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, en un plazo no mayor de diez días calendario.

Los integrantes de la comisión ejercerán sus funciones ad honorem y la comisión podrá invitar a especialistas, representantes de entidades públicas e instituciones privadas, sociedad civil, así como de organismos internacionales.

Asimismo, contará con una secretaría técnica encargada de brindar apoyo administrativo de manera permanente a ese grupo de trabajo, estará adscrita a la DINI y su encargo también será designado mediante Resolución Ministerial de la PCM.

La comisión reorganizadora tendrá un plazo de vigencia de 150 días calendario, contados a partir de la designación de sus integrantes, para presentar a la titular de la PCM, el respectivo informe final que deberá contener las correspondientes propuestas y recomendaciones.

Los integrantes de la comisión reorganizadora y de la secretaría técnica están obligados a guardar reserva y mantener el carácter de secreto de los documentos e información que sean de su conocimiento por razones de función, aún después del término de su mandato.

La aplicación de dicha norma se financia con cargo al presupuesto de la DINI y no demandará recursos adicionales al tesoro público. En la norma, el Ejecutivo dispuso suspender la ejecución de acciones de inteligencia operativa, contrainteligencia y consolidación de apreciaciones a cargo de la DINI, mientras dure el proceso de reorganización.

Precisó que esas acciones serán ejecutadas por los órganos de inteligencia de los Sectores Defensa, Interior y Relaciones Exteriores, durante el período antes señalado.
En tanto concluya el proceso de reorganización de la DINI y con el objeto de prevenir, reducir riesgos y amenazas a la seguridad nacional, los órganos de inteligencia del los sectores Defensa, Relaciones Exteriores e Interior, se encargarán de producir inteligencia nacional para el Presidente de la República y el Consejo de Ministros.

En tanto dure el proceso de reorganización, las solicitudes de información formuladas por los Poderes Públicos continuarán siendo atendidos por la DINI, en el marco de la normativa vigente y dentro de los plazos señalados, bajo responsabilidad funcional.

El Gobierno precisó que se dictarán las normas que sean necesarias para la mejor aplicación de la norma que ordena la reorganización de la DINI, mediante resolución ministerial de la PCM.

En los considerados de la norma se señala que resulta necesario declarar en reorganización la DINI, con el objeto de fortalecer su rectoría en el sistema de inteligencia nacional; lograr mayores niveles de confianza en la ciudadanía; eficiencia en la producción de inteligencia en materia de seguridad nacional y el uso transparente de los recursos públicos.

Subraya que en tanto dure el proceso de reorganización debe darse continuidad a la producción de inteligencia nacional para el presidente de la República y el Consejo de Ministros, con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos humanos, defender la soberanía nacional, promover el bienestar general y el desarrollo integral de la nación.

Agregó que esa medida permitirá proteger a la población de las amenazas internas y externas contra su seguridad, en especial del accionar de organizaciones terroristas, narcotráfico, del crimen organizado y otras, nacionales o extranjeras, que atenten o amenacen la plena vigencia del Estado democrático.