San Martín: Pueblos indígenas se declaran en emergencia territorial, tras denunciar persecución judicial contra sus líderes

Cansados de tantas amenazas de desalojo y persecuciones judiciales contra sus principales líderes, las comunidades nativas agrupadas en la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), se han declarado en emergencia territorial indígena, por lo que no permitirán el ingreso de ningún funcionario público a sus territorios mientras no se cumplan las exigencias de seguridad jurídica, se informó.

Al respecto, el presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), Jaime Tapullima Pashanase, señaló que la persecución judicial que sufren seis líderes de la comunidad Ankash Yaku de Achinamisa, no es el único caso grave que les preocupa.

"Las comunidades de Callanayacu, Tununtunumba, Pongo del Huallaga, Ricardo Palma, Túpac Amaru, El Piñal, han sido amenazadas de no ingresar a realizar sus actividades tradicionales y de subsistencia en el ACR- CE; por lo que los pueblos indígenas de San Martín nos hemos declarado en emergencia territorial indígena, por lo que no permitiremos el ingreso de ningún funcionario público a nuestros territorios mientras no se cumplan las exigencias de seguridad jurídica", acotó.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones del Consejo Étnico de los Pueblos Kechwas de la Amazonía (CEPKA), Prudencio Guerra, aseveró que, desde hace un tiempo, se pretende desalojar a los pueblos indígenas que, por muchos años, ocupan ancestralmente el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) en la Región San Martín, y que para ello vienen haciendo uso de amañados procesos judiciales contra los principales líderes de estas comunidades.

Según los denunciantes, el Poder Judicial pretende que se continúe con la acusación contra seis líderes indígenas de la comunidad nativa Ankash Yaku de Achinamisa, por el uso tradicional y de subsistencia de sus territorios que se encuentran dentro del ACR- CE.

"El Estado reconoce los derechos adquiridos, tales como propiedad y posesión entre otros, de las comunidades nativas que habitan en las áreas naturales protegidas con anterioridad a su establecimiento, así como el acceso y uso de los recursos naturales ubicados en un Área Natural Protegida, con fines de subsistencia; por lo que consideramos que no existe delito alguno", dijo al respecto el abogado defensor Rubén Ninahuanca, de la Asociación Paz y Esperanza.

A su turno, Elías Sinti Panduro, jefe de la comunidad Ankash Yaku de Achinamisa, remarcó; que los funcionarios del Gobierno Regional de San Martín, a través del Proyecto Especial Bajo Mayo y Huallaga Central (PEHCBM) y la Autoridad Regional Ambiental (ARA), son los responsables de elaborar informes deficientes, que sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas sobre las área naturales protegidas pretenden despojarlos de sus tierras y su forma de sustento diario.