En sorpresivo operativo, más de 1000 policías destruyen 22 campamentos de minería ilegal en la región Cajamarca

Más de 1000 policías fueron movilizados a la zona de La Chilca, en la provincia de Cajabamba, región Cajamarca, donde se destruyeron 22 campamentos de minería ilegal, además de 68 motores, equipos y suministros utilizados en esta ilícita actividad. El operativo estuvo encabezado por el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la PCM, Antonio Fernández Jerí.

Este sorpresivo operativo se realizó desde la medianoche del pasado miércoles 26 hasta promediar las cuatro de la tarde del jueves 27 de agosto último, continuando con las acciones contra la minería ilegal, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), contando con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Ejecutiva del Medio Ambiente, fiscales especializados en materia ambiental del Ministerio Público, la Fuerza Aérea del Perú y procuradores de los ministerios del Interior y del Ambiente.

El Alto Comisionado Fernández Jerí informó del éxito de la operación realizada pacíficamente y sin ningún costo social. Asimismo, manifestó que los operativos de interdicción seguirán realizándose a fin de erradicar esta actividad ilegal en todo el país.

Esta acción conjunta permitió la destrucción de 68 motores, 8,630 metros de manguera, 199 detonadores, 1,375 metros de mecha lenta, 77 carretillas, cuatro carretas metálicas, 940 kilogramos de anfo, 20 sacos de polimetales, 1000 metros de tubos de PVC; clausurándose los 4 socavones principales en donde en los últimos meses perecieron menores de edad contratados ilegalmente para esta ilícita actividad.

Cabe señalar que la zona intervenida, conocida como La Chilca, se encuentra entre la quebrada del mismo nombre y la quebrada La Huaca, afluente de la cuenca hidrográfica de campos agropecuarios de la provincia de Cajabamba. En este sector, operaban contaminando los mineros ilegales Reyes, Hurtado y Baca, a quienes a través de una resolución regional se les anuló sus solicitudes de compromiso, con lo cual se encontraban prohibidos de realizar trabajo de minería en la zona.