Piden priorizar remediación de 4,353 pasivos ambientales de alto riesgo, producto de actividades mineras que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas

El defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna advirtió que en el país se han identificado un total de 4,353 pasivos ambientales de alto riesgo, producto de actividades mineras e hidrocarburíferas, cuya remediación demanda una atención prioritaria por parte del Estado ya que ponen en riesgo al ambiente, la vida y la salud de las personas, según dijo.

Fue durante la presentación del Informe Defensorial N° 171 denominado "¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos", donde Vega Luna detalló que 4,281 pasivos de alto riesgo son producto de la actividad minera, mientras que 72 son generados por el sector hidrocarburos.

Asimismo, informó que el número total de pasivos ambientales registrados en el sector minero es de 8,616. En el sector hidrocarburos, se tienen registrados 156 pasivos ambientales; no obstante que, en el año 2002, Perupetro informó que existirían más de 6,000 pozos mal abandonados.

En cuanto a las responsabilidades Vega afirmó que, en el sector minero, 7,531 casos carecen de responsables y estudios ambientales; mientras que en el sector de hidrocarburos no se ha identificado responsabilidad alguna.

Detalló que existen 61 pasivos ambientales mineros cuyos responsables mantienen la titularidad de la concesión en donde estos fueron generados. "Los responsables que no remedian los daños que generaron no deben mantener concesiones vigentes, ni mucho menos tener nuevas concesiones", enfatizó.

Añadió que, al cierre de este informe, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas no había aprobado la lista de impedidos de efectuar petitorios mineros o explorar alguna unidad minera como concesionario.

En cuanto al sector de hidrocarburos, durante la investigación realizada, se detectó un retraso de más de cinco años en el inicio de las acciones destinadas a la remediación, pese a que la Ley que regula a este tipo de pasivos se aprobó en el año 2007.

Sostuvo que dicha situación se generó por la demora en la reglamentación de la Ley, así como por la paralización por casi dos años de la identificación de los pasivos en dicho rubro. Producto de dicho retraso, no se han identificado responsables, ni se ha remediado ningún pasivo ambiental en este sector.

Por ello, la Defensoría recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) disponer y coordinar con las entidades competentes la atención prioritaria de dicha problemática. Además, solicitó al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector, a intensificar su intervención hasta lograr la remediación de los pasivos ambientales, impulsando y liderando las acciones destinadas a su adecuada gestión.

Exhortó también tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la República a garantizar que en el Presupuesto de la República se asignen los recursos económicos que permitan cumplir con la inmediata remediación de los pasivos ambientales considerados de alto riesgo, sin que para ello sea necesario contar previamente con un responsable determinado.

Por último, solicitó al Parlamento derogar el artículo 19 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, el mismo que contempla la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la reducción del importe de las multas impuestas.